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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados por el PP y por el Gobierno de Navarra contra la nueva Ley del Aborto, que entra en vigor el próximo lunes, 5 de julio.

Asimismo, el Constitucional establece que se oiga al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, en el plazo de tres días, formulen alegaciones a la petición del PP de suspensión cautelar de la norma hasta que se dicte sentencia.

En su recurso, el PP pedía a los magistrados que suspendan de forma cautelar, antes de que entre en vigor la ley, los ocho preceptos con los que no está de acuerdo, entre los que figura la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Este recurso de inconstitucionalidad está promovido por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados y, en su representación y defensa, por el Comisionado Federico Trillo.

El Constitucional también establece un plazo de 15 días para que el Gobierno y el Congreso puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes al recurso.

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo establece un plazo de 14 semanas para que las mujeres, "sin interferencia de terceros", puedan abortar libremente. Asimismo, tendrán la posibilidad de interrumpir su embarazo hasta la semana 22 si "existe grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto".

La ley también permite abortar en cualquier momento del embarazo si se detecten "anomalías fetales incompatibles con la vida" o cuando se descubra en el feto "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".

Uno de los puntos más polémicos de la Ley ha sido el apartado referido a las menores. Tras una enmienda presentada por el PNV, la norma establece que las chicas de 16 y 17 años podrán abortar sin el consentimiento paterno.

En cuanto a la información que deben recibir los padres, la ley fija que al menos uno de sus progenitores o tutores tiene que ser informado de la decisión, salvo "cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

Ante esta nueva ley, los grupos antiabortistas se movilizaron para que los diputados y senadores rechazaran el proyecto de ley durante su tramitación y convocaron dos manifestaciones en Madrid. La primera de ellas, el 29 de marzo de 2009 bajo el lema 'No existe el derecho a matar. Existe el derecho a vivir' y la segunda, el pasado 17 de octubre en Madrid, bajo la consigna 'Cada Vida Importa'.

Amplio respaldo en el Congreso

Finalmente, el texto fue aprobado en el Congreso de los Diputados con 184 votos del PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, BNG, Na-Bai y dos de los 10 diputados de CiU. Por el contrario, el proyecto fue rechazado por el PP, siete diputados de CiU, Coalición Canaria, UPN y UPyD, que sumaron 158 votos. La única abstención fue de CiU.

El Senado, por su parte, aprobó la norma por 132 votos a favor (PSOE, Entesa, tres senadores de CiU, PNV, BNG, el representante del PSM-EN, dos senadores independientes de Navarra e Ibiza y uno de Coalición Canaria), 126 en contra (PP, tres parlamentarios de CiU y la representante de UPN, el del Partido Aragonés y otro de Coalición Canaria), y una abstención (CiU).

Tras la aprobación definitiva, el Ejecutivo socialista manifestó que se había dado un "paso de gigante" en defensa de la mujer y calificó el día como "grande para la democracia". Por el contrario, las asociaciones provida indicaron que era "un día muy triste en la historia de España" porque "esta norma que desprotege a la mujer y al niño traerá mucho dolor y sufrimiento a la sociedad española.